“Tenemos que hacer un frente común con la Fiscalía y la Procuraduría para actuar en contra de estos carteles, que están traficando con la necesidad humana de los niños”, dijo el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, al entregar los avances y resultados de su segundo año al frente del organismo de control.

El funcionario se mostró preocupado por la aparición de un fenómeno recurrente: estructuras mafiosas que buscan sacar tajada de los recursos públicos, a como dé lugar.

Según el contralor, “no les importa para ello apropiarse de dineros destinados a la alimentación escolar, a través de sobrecostos y apoderando de los contratos en varias regiones, o inventarse pacientes y falsificar firmas de médicos para obtener millonarios pagos por recobros, como ha sucedido, en el primer caso con el PAE en varias regiones del país, y se ha constatado con el llamado “Cartel de la Hemofilia” en Córdoba, al que le ha seguido recientemente el Cartel de enfermos mentales, en Sucre, dos casos que suman hallazgos fiscales por casi $50 mil millones”.

Los descubrimientos de la Contraloría General de la República sobre millonarios y escandalosos recobros de salud en el departamento de Córdoba abarcaron además irregularidades relacionadas con el pago de $10 mil millones por terapias para niños con retraso mental moderado y profundo, así como con parálisis cerebral espástica y Síndrome de Down.

La CGR ha detectado en 24 departamentos que han manejado recursos del PAE irregularidades con incidencia fiscal que totalizan $62.488 millones de pesos y ponen de presente un desolador panorama manifestado en la existencia de alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados, falta de control sobre la entrega y calidad de las raciones.

Con los recursos de estos hallazgos fiscales se habría podido alimentar diariamente, durante dos años y medio –con desayuno y almuerzo- a más de 17 mil niños. La Guajira, Cesar, Santander y Huila son los departamentos más afectados

“No me cabe duda que estructuras mafiosas se han apoderado de la alimentación escolar en algunas regiones”, dijo en forma categórica Maya Villazón.

Casos más conocidos

El proceso auditor en el segundo año de gestión del Contralor Maya Villazón permitió sacar a la luz otros casos emblemáticos, como el desangre de recursos de los Juegos Nacionales en Tolima, que pasó de los $66 mil millones, y el incumplimiento de Electricaribe en relación a la ejecución de los recursos públicos que se le asignaron para adelantar proyectos de normalización de redes eléctricas en la Costa Caribe, que debían beneficiar a 63.83 usuarios, y donde la CGR determinó hallazgos fiscales por $65.732 millones.

Otro informe crítico es el que reveló el caos administrativo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, donde se detectaron graves deficiencias en la estructuración y ejecución de algunos contratos de obra celebrados en virtud de la emergencia carcelaria de 2013, generando hallazgos por más de $47.000 millones de pesos.

Hubo luego una Actuación Especial de Fiscalización en esta misma entidad donde se evidenciaron 12 hallazgos con presunto alcance fiscal, por valor de $18.920 millones de pesos, y 14 con posible connotación disciplinaria.

La Contraloría ha estado también pendiente de los resultados de la gestión del Fondo Adaptación en la atención de la ola invernal 2010-2011, con mesas de trabajo permanentes que han hecho seguimiento a los distintos macro proyectos  a su cargo (Canal del Dique, La Mojana y Gramolote, entre otros) y una auditoría que ha dejado conocer hallazgos fiscales por $7 mil millones, relacionados con incumplimiento contractual, deficiencias de obra, saldos por pagar y obras abandonadas.

Por el lado ambiental, durante las auditorías adelantadas en el primer semestre de 2016 se encontraron hallazgos fiscales por $10.022 millones en 16 Corporaciones Autónomas Regionales y para el Desarrollo Sostenible (CAR) que fueron evaluadas.

En el sector agropecuario, en auditoría al INCODER (hoy en liquidación) se cuantificaron hallazgos con incidencia fiscal por $870 millones en el proyecto SIDRA (Subsidio Integral de Reforma Agraria).

Y en el sector infraestructura, la Contraloría General de la República determinó un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $171.621 millones de pesos constantes de 2014 como resultado de la Actuación Especial que adelantó en la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) respecto del tamaño del mercado de la televisión por suscripción en Colombia.

Otro hallazgo fiscal importante, por la suma de $35.937 millones, se dio en el Fondo Nacional del Ahorro –FNA, por sobrecostos en la adquisición del  inmueble donde actualmente funciona esta entidad.

En cuanto al sector social, aparte del PAE y los Juegos Nacionales, está también la auditoría realizada a Cafesalud, en la cual se establecieron hallazgos fiscales por $3 mil 182 millones de pesos, y adicionalmente  se evidenció una deficiente situación financiera sin que se observe ningún cambio positivo en las tendencias ni en los indicadores analizados en esta EPS.

Además, se realizó el pago de conceptos no autorizados con recursos de la Unidad de Pago por Captación, como es el caso de gastos de administración no relacionados con el servicio de salud como donaciones, sanciones y multas, y compra de activos fijos como equipos de cómputo.

Para el Contralor, el Gobierno tiene que salir de Cafesalud. “Los colombianos no podemos seguir soportando unas pérdidas semanales de casi $10 mil millones, por cuenta de los malos manejos en el pasado”, afirmó.

Durante lo corrido de 2016, hasta la fecha de corte de este informe de rendición de cuentas del Contralor, en las auditorías realizadas por la CGR se encontraron 9.819 hallazgos, de los cuales 1.201 presentan incidencia fiscal en cuantía de $9.9 billones de pesos (incluyendo los de Reficar).